La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha modernizado radicalmente sus procesos de fiscalización. Hoy, la premisa es digital: “Si no está en el sistema, no existe”. Las fiscalizaciones en terreno ya no buscan solo papeles físicos, sino que contrastan la realidad operativa con los datos cargados en el Sistema de Ventanilla Única del RETC (Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes).

Uno de los hallazgos más comunes en los procesos sancionatorios recientes es la falta de trazabilidad continua en la disposición de residuos. Muchas empresas fallan al no poder acreditar qué sucedió con sus residuos desde que salieron de la planta hasta su disposición final. Esto es crítico bajo la Ley REP y las nuevas instrucciones de la SMA, donde el generador es responsable hasta el final del ciclo.

Por ello, contar con un gestor de residuos que entregue certificados de disposición final válidos, oportunos y digitalizados es el único “seguro de vida” ante una auditoría ambiental. La gestión documental proactiva y la carga correcta de los Informes de Fiscalización Ambiental (IFA) son hoy tan importantes como la operación misma para evitar multas que pueden comprometer la continuidad del negocio.