La Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos (ENRO) ha marcado una hoja de ruta clara y ambiciosa para Chile: pasar del 1% actual de valorización de residuos orgánicos a un 66% para el año 2040. Esta meta no solo involucra a los municipios y la ciudadanía, sino que impone una presión inmediata sobre el sector industrial, agroalimentario y de tratamiento de aguas, que son grandes generadores de biomasa y lodos.

Para las empresas, el mensaje es claro: la eliminación de residuos orgánicos en rellenos sanitarios tiene fecha de vencimiento. La normativa busca descongestionar los sitios de disposición final —muchos de los cuales ya han cumplido su vida útil— y fomentar modelos de economía circular donde “el que contamina paga” y, mejor aún, “el que valoriza, ahorra”.

En este contexto, la implementación de plantas de compostaje industrial y la digestión anaeróbica se presentan no como opciones, sino como estándares operativos necesarios. Las industrias que se anticipen a la obligatoriedad de la ley, integrando hoy sistemas de gestión diferenciada en origen, no solo evitarán futuras sanciones y alzas en las tarifas de disposición, sino que podrán certificar sus procesos bajo sellos de sustentabilidad cada vez más exigidos por el mercado internacional.